Mañana hace 75 años que la mujer vota en España en igualdad de condiciones que el hombre. La Constitución de 1931, durante la segunda República española, dio la mayoría de edad política a más de la mitad de la población española.En este marco social, la mujer emprende una progresiva integración en el mundo laboral urbano como obrera (en el rural ya existía como campesina), en las fábricas textiles y en las nuevas profesiones de servicios auxiliares. El primer objetivo será la formación por considerarla incluso las feministas escasa en la mujer. Ciudadanas, no obstante, siempre habían sido y tampoco el nivel cultural de la España rural de los hombres era muy alto. La República empeñó una buena parte de sus esfuerzos a la educación, especialmente de la mujer.
Al final de la 1ª Guerra mundial, en nuestro país nace una preocupación minoritaria por el papel de la mujer y hacia 1920 surgen agrupaciones como la "Asociación Nacional de Mujeres Españolas". En general son asociaciones con fines educativos y de promoción social, más que sufragistas. Les preocupa el acceso de la mujer a la educación, obteniendo estudios y puestos de trabajo mejor remunerados de los que podía acceder hasta entonces, básicamente en el servicio doméstico y la agricultura. El acceso al ejercicio del magisterio, la entrada en la Universidad, el desempeño de nuevas profesiones que se consideran femeninas, como enfermeras, modistas, peluqueras, etc, van abriendo lentamente la puerta a un nuevo modelo de mujer alejado de su papel tradicional familiar.
Dentro de este movimiento hay que citar la aparición en 1926 del "Lyceum Club" de Madrid, donde se integra la avanzadilla más calificada del feminismo español: María de Maeztu, Victoria Kent, Zenobia Camprubí... Pretenden conseguir la reforma del Código Civil en aquellas leyes que otorgaban a la mujer un trato distinto y discriminatorio.
En el año 1924, Primo de Rivera otorga el voto en las elecciones municipales a la mujer "que no esté sujeta a la patria potestad, autoridad marital o bajo tutela superior". Las razones de limitarlo a las solteras emancipadas y a las viudas, eran, según el dictador, que no era conveniente conceder el voto a la mujer casada "para evitar disputas entre los cónyuges".
Las elecciones municipales del 30 harán abdicar al rey y, la Constitución del 31 de la República, concede a la mujer el derecho a ser elegible, pero no electoral y lo hace junto a otro colectivo, curiosamente el de los curas.
En el libro de Clara Campoamor: “Mi pecado mortal, el voto femenino y yo”, la intelectual habla del debate en las cortes sobre las desigualdades.
En las discusiones sobre la conveniencia el derecho de la mujer a votar, se distingue la socialista Clara Campoamor. Curiosamente Victoria Kent se mostró contraria a su aplicación inmediata, pues consideró que el voto femenino era un elemento peligroso para la existencia de la República pues , creía que la española era mayoritariamente retrógrada, no educada políticamente y sujeta a la influencia de la Iglesia. Temió que su voto fuese para la derecha.
En este debate Clara Campoamor se pronuncia decididamente a favor del sufragio universal, con la argumentación de que sólo otorgando a la mujer una serie de derechos se preocupará por conocer los problemas sociales y valorar las posturas para saber quién los garantizará.
En las elecciones del 33, gana el bloque de derechas (CEDA) y obtienen el acta de diputadas seis mujeres: tres por las izquierdas, Margarita Nelken, Matilde de la Torre y María Lejárraga, y tres por las derechas, Francisca Bohigas, Mª Urraca Pastor y Pilar Careaga.
En las elecciones del 36, esta vez ganadas por el Frente Popular, salieron cinco mujeres diputadas: Margarita Nelken, Victoria Kent, Julia Alvarez, Matilde de la Torre y Dolores Ibárruri.
Durante el franquismo, aunque se redujeron las convocatorias electorales a los plebiscitos previamente orquestados por el régimen, como es sabido, al servicio de su propia permanencia en el poder, la mujer siguió votando siempre que cumpliera las restrictivas condiciones de "cabeza de familia"; exclusión que no se extendió a la convocatoria de los referendums, en donde las mujeres –casadas y solteras- mayores de edad pudieron votar tan "libremente" como los hombres. La mayoría de edad para los hombres era a los 21, la de las mujeres, a los 23. Entre 1975 y 1978, con la promulgación de la constitución, las mujeres reanudaron los hilos de una experiencia interrumpida cuarenta años antes.
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