Pedro y Violante de 84 y 89 años viven en una modesta finca de la huerta de Murcia. "La tierra era del amo -dicen- pero con las 500 pesetas que teníamos ahorradas, nos dejó hacer una casita para vivir". Y allí han permanecido desde el año 46 entre acequias, criando sus animales y cultivando frutales. A juzgar por la edad y las energías que conservan, no les ha ido mal.El ayuntamiento de la ciudad, en uno de sus ambiciosos planes de expansión, dispuso que el 26 de abril de 2006 se inciaría la expropiación de los 232 metros de la casa a cambio de 163.034 euros; con ellos el matrimonio pagaría un alquiler durante los 18 meses en los que la constructora realizara las obras destinadas al conjunto de expropiados por el plan parcial urbanístico. Con el resto del dinero, podrían optar a un piso de protección oficial.
No son los primeros a los que se les ofrece un plan que pretende ser cómodo y atractivo para la vejez. Se cuenta con que vivir en la huerta comporta inconvenientes como la humedad, la lejanía del casco urbano, la dificultad de acceder a los servicios. Se cuenta con que la vida del huertano ha sido dura y que ahora que todos los políticos viven en las urbanizaciones que antes eran huerta, son los huertanos los que deben querer vivir en la ciudad.
Pero para Pedro y Violante sin embargo la propuesta no estaba nada clara. Si el ayuntamiento necesitaba la casa, tendrían que darles otra con las mismas condiciones, porque, como declaró Violante a la prensa: "Yo aquí me salgo al resol y estoy la mar de bien, para qué quiero un piso".
Un año después, mayo de 2007, dos técnicos municipales se presentaron en su casa dándole un plazo de cinco días para desalojar la finca. O lo hacían por las buenas, o el desalojo sería por la fuerza. Fue entonces cuando un abogado, Eduardo Salazar, solicitó la suspensión cautelar del realojo a no ser que el ayuntamiento les diese otra casa situada también en la huerta, donde ellos quieren seguir viviendo, porque, dicen "somos huertanos y aquí queremos seguir".
Casi dos años de incertidumbre y de problemas a estas alturas de sus vidas finalmente han servido para algo. Cuando las máquinas ya estaban a punto de entrar en su casa, un juez de Murcia, Juan González Rodríguez, ha decidido paralizar el asunto "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada". Los ancianos, dice, podrían sufrir"graves consecuencias para su salud".
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